Presentación La Otra 107

Los bienes de una nación
José Ángel Leyva

Si no hacemos propia la causa de nuestros colegas españoles, sin olvidar nuestras propias injusticias y carencias, no seríamos dignos de llevar el nombre de La Otra. La ley que impide a los escritores pensionados cobrar sus regalías y derechos de autor es, simplemente, rapaz. No pensemos en los narradores y autores de best sellers, que vivirán de sus éxitos de mercado y de la notabilidad pública; no es el caso de ensayistas, cuentistas, periodistas y sobre todo poetas. Fuera de algunos premios económicos las regalías suelen ser magras, y a veces inexistentes. Cierto que los habrá privilegiados y afortunados, pero, seamos realistas, la gran mayoría no pertenece a esa franja.

 

 

El poeta español Antonio Gamoneda ha levantado la voz a nombre propio y de sus compatriotas, de sus compañeros escritores y creadores en general. Más allá de la restricción que impone la ley para no rebasar un límite de ingresos, sin hacerse acreedor de sanciones severas, la protesta demanda la revisión de una ley que ya es de suya contraria a la libertad creadora, pues impone con injusticia un límite y una incompatibilidad entre la pensión merecida por años de trabajo y el esfuerzo de un autor por elevar su obra al reconocimiento cultural y la posibilidad de obtener algún beneficio económico de las ventas de dicho producto estético o intelectual. La pregunta es si se mide con la misma vara a otros sectores de la sociedad española, como políticos o miembros de la familia real, empresarios o altos funcionarios. Gracias a sus escritores las sociedades se hacen visibles, construyen su memoria. No sólo España sino toda la comunidad hispanohablante tenemos una deuda con Cervantes, quien no vivió precisamente de sus regalías sino en la pobreza y en la cárcel, ni qué decir de Miguel Hernández.

¿Por qué entonces sostener una ley que se funda en la mezquindad más que en la justicia fiscal o social? Un precepto que habla más de castigo que de sentido común y de reconocimiento de sus propios valores culturales. El propio Gamoneda advierte que la ley ha cobrado ya sus víctimas fatales. Un matrimonio había rebasado un año con mil euros la cantidad fijada, y el siguiente con 3 000 euros. Le impusieron una multa de 80 000 euros, y como no tenían con que pagar la sanción perdieron la casa y sus bienes materiales; la mujer se suicidó a causa de la depresión y la impotencia.

El Pen Club de méxico, encabezado por la escritora Magali Tercero ya ha expresado su solidaridad con los escritores y artistas de España, ha solicitado además a la Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, para reconsiderar la permanencia actual de dicha ley y se libere a los autores de sus derechos, como se hace en la mayoría de los países con vocación democrática.

Nos unimos pues a la solidaridad con los escritores, artistas e intelectuales por la derogación de esa ley que no sólo afecta a una parte de la comunidad española, sino que habla muy mal de un gobierno y sus políticos, incapaces de entender la utilidad de la cultura, el sentido meritorio de la creación y la necesidad de abrir más las posibilidades de acceder a los bienes culturales de una nación, no imponiendo elevaciones de cargas impositivas a la oferta cultural como se hace incrementando el iva, sino reduciendo los impuestos para que más gente reciba el beneficio de su patrimonio cultural.

Manifestemos nuestra solidaridad y evitemos que acciones de este tipo respondan más a revanchismos políticos que a verdaderos ánimos de justicia, acciones que pueden repetirse en otros países iberoamericanos.

Aquí: únete a la petición.